Detrimento patrimonial actuando como segunda instancia, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal, en forma solidaria, contra el ex ministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres, el ex director de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía, el director técnico de dicha entidad, José Fernando Ceballos Arroyave, el contratista C.I. Prodeco S.A. y la compañía La Previsora S.A. (en calidad de tercero civilmente responsable).

El Contralor Maya Villazón resolvió así el grado de consulta y los recursos interpuestos contra el fallo de primera instancia proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que los condenó a pagar la suma ya señalada que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

En el proceso de responsabilidad fiscal se evidenció que con la suscripción del Otrosí No. 8 al contrato de concesión minera No. 044 de 1989 se modificó de manera injustificada la fórmula para el cálculo de regalías y contraprestaciones económicas  previstas en el mismo, causando un detrimento patrimonial durante el denominado “periodo de transición”, como consecuencia de la disminución infundada de recursos económicos  que venía recibiendo el Estado Colombiano  por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar.

Esta situación causó un daño a los intereses del Estado, dado que como consecuencia de los cambios realizados en el cálculo de los ítems de regalía básica, regalía adicional y compensación por ingresos brutos, para la producción del año 2010 (año considerado de transición), en la Mina Calenturitas, el Estado dejó de percibir $52.214 millones.

La suma mencionada se convirtió en $60.023´730.368,33 al ser indexada a la fecha del fallo de primera instancia.

Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición.

La modificación (el otrosí) se realizó sin los estudios preliminares y sin la debida planeación, que ameritaba un contrato de gran minería, fundamental para los intereses patrimoniales de la Nación, argumentó la Contraloría General de la República.

Con esta acción fiscal, la Contraloría General de la República busca resarcir a las regiones que se vieron afectadas por no recibir las regalías y contraprestaciones económicas que debieron causarse de acuerdo con el mencionado contrato 044/89.

Tales regalías estaban destinadas a satisfacer necesidades  básicas de salud, educación y saneamiento básico, de los pobladores de los municipios de Becerril, la Jagua de Ibiríco, y El Paso, del departamento del Cesar, que en razón del contrato 044/89 se benefician de los recursos que se reciben por parte de C.I.  Prodeco como contraprestación por la explotación de un recurso no renovable como es el carbón.